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No es ajeno a la mayoría de los que conducimos que podemos caer en un control policial. El control sobre las normas de tráfico sólo lo pueden realizar la Guardia Civil, Policia Local y en País Vasco y Cataluña, la Ertzaintza y los Mossos.

 

Lo interesante es el proceso sancionador viene dado por las supuestas garantías que tienen el ciudadano. Una situación muy común suele ser aquella en la que detienen el vehículo, y te sancionan por una infracción por ejemplo, no llevar el cinturón de seguridad.

Como opinión personal entiendo que las cuantías de las multas son exageradas recordemos:

Sanciones

Las infracciones a la normativa de tráfico llevan aparejadas la sanción de multa pecuniaria y su cuantía dependerá de la calificación de la infracción. La cuantía de las multas está fijada en el art. 67 apartados 1 y 2.

El artículo 67.1 distingue entre infracciones leves, graves y muy graves y fija las siguientes cuantías dejando a parte las sanciones por exceso de velocidad :

  • Las infracciones leves serán sancionadas con multa de hasta 100 euros
  • Las infracciones graves serán sancionadas con multa de 200 euros.
  • Las infracciones muy graves serán sancionadas con multa de 500 euros.

Y además la correspondiente pérdida de puntos:

INFRACCIÓN PUNTOS
1. Conducir con una tasa de alcohol superior a la reglamentariamente establecida:* Valores mg/l aire espirado, más de 0,50 (profesionales y titulares de permisos de conducción con menos de dos años de antigüedad más de 0,30 mg/l).* Valores mg/l aire espirado, superior a 0,25 hasta 0,50 (profesionales y titulares de permisos de conducción con menos de dos años de antigüedad más de 0,15 hasta 0,30 mg/l). 6
2. Conducir con presencia de drogas en el organismo. 6
3. Incumplir la obligación de someterse a las pruebas de detección de alcohol o de la presencia de drogas en el organismo. 6
4. Conducir de forma temeraria, circular en sentido contrario al establecido o participar en carreras o competiciones no autorizadas. 6
5. Conducir vehículos que tengan instalados inhibidores de radares o cinemómetros o cualesquiera otros mecanismos encaminados a interferir en el correcto funcionamiento de los sistemas de vigilancia del tráfico. 6
6. El exceso en más del 50 por ciento en los tiempos de conducción o la minoración en más del 50 por ciento en los tiempos de descanso establecidos en la legislación sobre transporte terrestre. 6
7. La participación o colaboración necesaria de los conductores en la colocación o puesta en funcionamiento de elementos que alteren el normal funcionamiento del uso del tacógrafo o del limitador de velocidad. 6
8. Conducir un vehículo con un permiso o licencia que no le habilite para ello. 4
9. Arrojar a la vía o en sus inmediaciones objetos que puedan producir incendios o accidentes de circulación u obstaculizar la libre circulación. 4
10. Incumplir las disposiciones legales sobre prioridad de paso, y la obligación de detenerse en la señal de stop, ceda el paso y en los semáforos con luz roja encendida. 4
11. Incumplir las disposiciones legales sobre adelantamiento poniendo en peligro o entorpeciendo a quienes circulen en sentido contrario y adelantar en lugares o circunstancias de visibilidad reducida. 4
12. Adelantar poniendo en peligro o entorpeciendo a ciclistas. 4
13. Efectuar el cambio de sentido incumpliendo las disposiciones recogidas en esta Ley y en los términos establecidos reglamentariamente. 3
14. Realizar la maniobra de marcha atrás en autopistas y autovías. 4
15. No respetar las señales de los agentes que regulan la circulación. 4
16. No mantener la distancia de seguridad con el vehículo que le precede. 4
17. Conducir utilizando cascos, auriculares u otros dispositivos que disminuyan la atención a la conducción o utilizar manualmente dispositivos de telefonía móvil, navegadores o cualquier otro sistema de comunicación. Conforme a los avances de la tecnología, se podrán precisar reglamentariamente los dispositivos incluidos en este apartado. 3
18. No hacer uso del cinturón de seguridad, sistemas de retención infantil, casco y demás elementos de protección. 3
19. Conducir un vehículo teniendo suspendida la autorización administrativa para conducir o teniendo prohibido el uso del vehículo que se conduce. 4
20. Conducir vehículos utilizando mecanismos de detección de radares o cinemómetros. 3

Así que tenemos una sanción mínima de 100 euros.

Volvamos pues al supuesto en el que te detiene un control de la policía y te sanciona por no llevar el cinturón, es posible que te encuentres con un boletín de denuncia como este:

 

boletin_denuncia¿Qué cosas deberías fijarte? pues que deje claro el número de policía, matrícula del coche, infracción cometida y posible sanción, fecha, lugar…todo recuadro que no esté correctamente cumplimentado o que no se lea bien, puede ser un motivo de recurso.

En un principio se podría entender que el policía sólo denuncia, habría que esperar pues, una notificación en domicilio, una propuesta de sanción igualmente, un plazo para alegaciones, una sanción notificada, un plazo para recursos.

Pero la administración, siempre presta para agilizar los trámites que sirvan para cobrar, modificó el reglamento sancionador y el truco se encuentra en la parte de atrás de dicho boletín:

multa Es muy importante fijaros que está escrito toda la normativa, los artículos que regulan el procedimiento y los derechos y plazos que se tienen ¿Por qué?

Pues porque en el supuesto  de que, como en el caso que planteaba de la persona retenida y paralizado el vehículo por no llevar el cinturón se da por notificada la multa y la sanción desde el momento en el que se te da entrega de la copia aunque no esté firmada o ponga que rehúsas firmarla.

 

Además de todo eso, se le otorga 15 días, desde ese mismo momento, para que el ciudadano alegue lo que estime oportuno. De no efectuar alegaciones y  habiendo sido entregado el boletín de denuncia este adquiere forma de propuesta de sanción .

Este ahorro de plazos de la administración supone, desde mi punto de vista, una quiebra de derechos del administrado, primero porque el agente de policía con su presunción de veracidad, se convierte en denunciante y tramitador como también, sancionador; por no hablar del tamaño de la letra del reverso de  los boletines de denuncia, en cualquier contrato de consumo, ese tamaño minúsculo podría ser considerado como no ajustado a derecho.

Por desgracia el Tribunal Supremo entendió lo siguiente en la Sentencia 19 de Diciembre de 2000 en la Sala de lo Contencioso:

 

  • Debemos insistir ahora que en el caso que nos ocupa la autora de la infracción no formuló alegaciones, pero no porque –como dijo en su recurso ante el Juzgado– no se le notificara la denuncia, sino porque –como consta en el boletín de denuncia– manifestó que no deseaba firmar, si bien se le hizo entrega de un duplicado del mismo por el agente denunciante-notificador.

Y es necesario subrayar también que el art. 10 RD 320/1994 (LA LEY 1452/1994) (sancionador en materia de tráfico) distingue dos formas de practicar la notificación de las denuncias: a) notificación al denunciado hecha en el acto por los agentes de la autoridad encargados de la vigilancia de tráfico; denuncia en la que se hará constar los datos que menciona el art. 5 y la advertencia de que con la notificación queda incoado el correspondiente expediente y la prevención de que el denunciado dispone de un plazo de 15 días para alegar lo que considere conveniente a su defensa y proponer las pruebas oportunas. Esta es la forma normal de practicar la notificación y así lo dice expresamente el artículo de que estamos hablando. b) Notificación a posteriori que se produce en dos supuestos: cuando por razones justificadas que deberán constar en las propias denuncias así se considere necesario hacerlo [podrán notificárseles] y cuando no se haya parado a los denunciados, en cuyo caso habrá de especificársele en la notificación las causas por las que no fue posible detener el vehículo.

Aquí estamos, por tanto, en el supuesto general: notificación realizada en el acto por el agente notificador. El boletín de denuncia fue rehusado por el denunciado, pero el duplicado se le entregó al denunciado como hizo constar el agente denunciante-notificador en el propio boletín. Y debemos añadir que el RD 320/1994 (LA LEY 1452/1994), con apoyo innegable en el principio de buena fe que debe presidir las relaciones jurídico-administrativas, buena fe que es exigible no sólo a la Administración sino también al administrado, prevé expresamente, saliendo al paso de eventuales conductas sugeridas por la siempre reprobable picaresca de posibles denunciados, que se entregará «un duplicado [del boletín de denuncia] al denunciado si fuere posible» (art. 7.c). Y esos casos de imposibilidad son, por lo menos, dos: que el vehículo no se haya detenido (art. 10, citado) y que el denunciado no sólo se niegue a firmar sino también a recibir el duplicado.

Asimismo importa decir que las denuncias efectuadas por los agentes de la autoridad gozan de presunción de veracidad teniendo valor probatorio respecto de los hechos denunciados (art. 137.3, LRJPA (LA LEY 3279/1992), y art. 14, RD 320/1994 (LA LEY 1452/1994), sancionador de tráfico); todo ello sin olvidar que, en este caso, la velocidad del vehículo y la hora y minuto de la infracción aparecen acreditados por el cinemómetro y la fotografía obrante en las actuaciones.

Es evidente que cuando se lee con atención el boletín de denuncia y se ejerce esa función calificadora que es propia, no sólo del juez, sino de todo operador jurídico, se toma conciencia que no contiene un único acto jurídico, sino una pluralidad de ellos, y es entonces cuando se está en condiciones de aplicar correctamente el RD 320/1994 (LA LEY 1452/1994). Y la conclusión a la que entonces se llega, ante un caso como el que nos ocupa, tiene que ser necesariamente distinta de aquélla a la que ha llegado el Juzgado en la sentencia impugnada en este recurso en interés de ley.

En el bien entendido que en un recurso de esta naturaleza nuestra sentencia ha de respetar, en todo caso, la situación jurídica particular derivada de la sentencia recurrida (art. 100.7, inciso final, LJ).

Debemos, limitarnos, pues, a fijar en el fallo la doctrina legal, esto es la interpretación que a juicio de esta Sala 3.ª del Tribunal Supremo de España debe darse a los preceptos aplicados, interpretación que vinculará a todos los jueces y tribunales inferiores en grado encuadrados en la jurisdicción contencioso-administrativa (art. 100.7, inciso final, LJ).

[…]

Dicho con otras palabras: hay dos casos en que se puede prescindir de la propuesta de resolución y, consiguientemente, del trámite de audiencia: 1º Cuando el interesado no haya formulado alegaciones sobre el contenido del acto de iniciación del procedimiento [que en el sancionador de tráfico lo es el boletín de denuncia] (supuesto contemplado en el art. 13.2 del Reglamento sancionador general, al que remite el inciso primero del art. 19.2 del mismo Reglamento); y 2º Cuando aun habiéndolas formulado, no se tengan en cuenta otras alegaciones y pruebas que las aducidas por el interesado (art. 19.2, inciso segundo, del Reglamento general citado).

En el caso que nos ocupa no era necesario formular propuesta de resolución ni dar trámite de audiencia porque estamos en el supuesto del art. 13.2 RD 1398/1993 (LA LEY 2846/1993): la notificación se practicó por el agente denunciante, y la interesada –tal vez creyendo que, puesto que rechazó firmar, podía «no darse por enterada» de la denuncia, no formuló alegaciones. Pero la notificación existió y la falta de alegaciones supone que el acto de denuncia-iniciación permite entender –conforme a ese artículo– que es «como si» hubiera habido propuesta de resolución y audiencia.

Se comprenderá ahora por qué hemos tenido que empezar analizando el supuesto concreto sobre el que se ha pronunciado el Juzgado, y por qué hemos tenido que explicar el complejo contenido de ese originalísimo documento normalizado que es el boletín de denuncia; y también se entenderá porqué hemos tenido que demorarnos en explicar que la oportunidad que se da al interesado de formular alegaciones es una verdadera carga procesal, por lo que aquél podrá optar entre alegar o no alegar, pero si opta por esto último –como aquí ha ocurrido– debe atenerse a las consecuencias; y por qué, finalmente, nos hemos entretenido asimismo en exponer cuáles son esas consecuencias –producir la conversión de la iniciación con los requisitos del art. 5 en relación con el 10 en propuesta de resolución, mediante la ficción, en sentido técnico y propio, de que la propuesta de resolución y la audiencia han tenido lugar.

Cabe decir, incluso, que hay motivos sobrados para pensar que es precisamente el procedimiento sancionador por infracciones de tráfico el que se ha tenido a la vista para redactar ese art. 13.2 del Reglamento general porque, si bien el actual RD 320/1994 (LA LEY 1452/1994) (sancionador en materia de tráfico) es posterior a ese otro Reglamento, la técnica procesal de que se trata –modelo de inteligente aplicación del principio de economía procesal sin merma de las garantías del presunto infractor– lleva muchos años aplicándose. Y al decir muchos años estamos queriendo decir que, en la década de los sesenta, si no antes, se aplicaba ya. Y quien desee comprobar que esto es como decimos puede acudir a la Revista Administrativa Pública 43 (1964) 403-419 donde aparece estudiado «el procedimiento sancionador del Código de la Circulación».

 

Por lo tanto, siempre que nos detengan para multarnos, mantener siempre la calma, recordar que, no solo tenemos las de perder sino que además, la policía hace su trabajo; seguidamente comprobar que está todo en orden en la redacción del boletín de denuncia y si hay algo incorrecto no decirlo, pues de modificarlo, se extinguiría con esa buena fe, nuestra defensa.

En el boletín debe ir detrás escrito que se dispone de 15 días para efectuar alegaciones y las consecuencias de no hacerlas y por último, realizar alegaciones por cuanto de esa manera, se iniciaría el trámite de propuesta de sanción con la obligación de la Administración de cumplir los plazos acordados en la Ley.

Si te entregan una copia del boletín de denuncia aunque rehúses firmar, se te da por notificado y por lo tanto iniciado el procedimiento y se te otorgan 15 días para efectuar alegaciones, de no hacerlas esa sanción de la denuncia adquiere “firmeza” y por lo tanto no hace falta que la Administración haga propuesta de sanción alguna.

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